El decano del ICAIB y el regidor del Área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma han firmado en fecha 16 de mayo de 2016 un convenio de colaboración con el objetivo de ampliar y mejorar la atención a las mujeres que son víctimas de malos tratos, así como reforzar la protección de sus derechos.

El acuerdo prevé que cuando una víctima acuda al Servicio de Atención Integral a la Violencia de Género (SAIVG) del Ayuntamiento y se constate la existencia de una situación de maltrato generalizado, aun cuando no haya habido previamente ninguna clase de denuncia, los responsables del servicio avisen al Colegio para que éste designe un profesional del servicio de guardia del turno especializado en la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género.

A juicio de Martín Aleñar, la aplicación práctica del acuerdo facilitará llegar a un mayor número de mujeres y, sobre todo, de hacerlo “más a tiempo y desde el minuto uno” ya que, en la actualidad, y aun cuando la normativa vigente ya prevé la asistencia letrada gratuita de este colectivo de forma inmediata a la interposición de la denuncia, la realidad es que en la mayor parte de los casos el abogado recibe ya el aviso cuando la víctima se encuentra en la policía o la guardia civil, o bien porque ha ido voluntariamente, o bien porque las fuerzas de seguridad han sido alertadas por un tercero de la existencia de un episodio de violencia.

En cambio – coinciden en señalar Martín Aleñar y el regidor Aligi Molina-, la posibilidad de detectar previamente situaciones de maltrato y de actuar con antelación, objeto del convenio, es absolutamente esencial para que las víctimas de la violencia de género reciban desde el primer momento una orientación especializada, completa, integral y personalizada que le permitirá conocer con exactitud y “en un ambiente algo más sosegado o sereno” todas las opciones de protección que le proporciona la ley a ella y a sus hijos, así como los derechos de toda clase que les asiste.

Conocer de antemano estas opciones, insisten, es fundamental para que la mujer puede adoptar una decisión, “sea esta la que sea”, que esté fundamentada en un amplio conocimiento de sus derechos. En caso de que la víctima opte por la denuncia, será el mismo profesional que le ha atendido el que le acompañará durante todo el proceso.