En 2018 el Colegio consiguió un objetivo largamente perseguido: obtener el apoyo financiero necesario para poder recuperar el servicio de orientación jurídica penitenciaria, por un lado, y el destinado a personas mayores y/o con diversidad funcional en situación de dependencia, por otro, dos colectivos que, por circunstancias bien distintas, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y, por tanto, necesitados de atención y protección prioritarias.
Estos servicios, para los que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha aportado 75.000 euros, y en los que se han inscrito un centenar de letrados voluntarios, se pusieron en marcha en octubre y permite a sus destinatarios – acceder a una orientación jurídica, personalizada y gratuita, que les permita conocer mejor sus derechos y las formas y mecanismos para hacerlos realmente efectivos. Un consejo que, como asegura el decano, puede suponer la diferencia entre perpetuar una situación de vulnerabilidad o encontrar una segunda oportunidad.
