En los meses de febrero y marzo el ICAIB y los ayuntamientos de Palma y de Maó han procedido a renovar los convenios para garantizar la continuidad del servicio de orientación legal que se presta, a través de las oficinas hipotecarias abiertas por ambos consistorios, a las personas y las familias que se encuentran en serio riesgo de perder su vivienda habitual.

Este servicio permite poner en contacto a las personas en riesgo de exclusión residencial con los abogados que voluntariamente participan en el proyecto, quienes les proporcionan información y orientación legal gratuita sobre las alternativas que tienen a su alcance para abordar el pago y/o evitar la pérdida de la vivienda. En aquellos supuestos en los que existe un proceso judicial, el personal del ayuntamiento que atiende las oficinas hipotecarias deriva a los usuarios al servicio de orientación jurídica correspondiente para que, en caso de reunir los requisitos, sea la abogacía de oficio la que asuma la defensa del caso.

Tanto en la firma del convenio en Maó como en la realizada en Palma, el decano ha expresado un sincero agradecimiento a los letrados que asumen la parte de la asesoría legal de estas oficinas, porque “gracias a ellos muchas de las personas que están atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida, han podido acceder a un asesoramiento muy cualificado, personalizado y gratuito que les ha ayudado a encontrar posibles salidas” y porque “es justo reconocer la generosidad de los profesionales que dedican parte de su tiempo y su trabajo al servicio a los demás”.